EL TIO DE EMANUELA
Maniobra de distracción
Ha salido en todos los periódicos: “La familia de Emanuela acusa al Vaticano de haber filtrado sospechas para despistar la investigación”. El fiscal del Vaticano informó a la justicia italiana de que el tío de Emanuela, Mario Meneguzzi, cuñado del padre, “intentó flirtear con la hermana de la desaparecida. Esa pista fue investigada y desechada en los años 80” (ABC, 11-7-2023).
La hermana es Natalina. Acompañada por la abogada de la familia Laura Sgrò, afirma que “no hubo abusos sexuales” por parte de su tío, sino “simples cortejos verbales”: “En 1978 trabajábamos juntos y mi tío hizo unos simples cortejos verbales, como pequeños regalos, pero cuando entendió que no tenía posibilidad se detuvo. Sólo se lo conté a mi novio Andrea, hoy mi esposo, y a mi confesor” (EFE, 11-7-2023).
Natalina da más detalles: “Yo esto lo tuve para mí. Después en el 83 me llamaron y sufrí un interrogatorio. Eran cosas que sabían todos, magistrados fiscales e instructores. La cosa quedó allí y no llevó a nada”. En efecto, “cuando desapareció Emanuela, fui interrogada por el procurador Domenico Sica como si fuera culpable o reticente, después me preguntó por el asunto de mi tío”. En 2007 Natalina fue recibida por el cardenal Angelo Becciu, entonces Sustituto de la Secretaría de Estado: “Fui con mi marido, pero a él no le dejaron entrar”. El cardenal “dijo que mi hermano insistía tanto en tener la documentación, pero en esos documentos estaba esta historia que me afectaba y que se remontaba a 1978. Me pareció una amenaza. Le dije que no tenía problemas”, “en cualquier caso, esos documentos no me los dio”, “dijeron que estaban guardados en una caja fuerte de la Secretaría de Estado”.
Pietro Orlandi denuncia como “carroña” la pista que el fiscal del Vaticano pasa cuarenta años después a la justicia italiana: “He entendido que esta investigación ha sido querida por el papa Francisco que en un cierto momento ha tenido el coraje de llevar adelante. Desgraciadamente, no se ha dado cuenta de la carroña que tiene alrededor”, “quieren desplazar la responsabilidad del Vaticano a la familia”, “ahora he entendido que el procurador Diddi trabaja para llegar no a la verdad sobre Emanuela sino a una verdad de conveniencia” (Ilfattoquotidiano, 11-7-2023).
Una cinta grabada. El 5 de julio de 1983, un hombre con acento anglosajón (llamado “el americano”) telefonea al Vaticano. Afirma tener como rehén a Emanuela: “Los sucesivos contactos tendrán como reconocimiento un código de tres cifras: 158”. El americano llama también a la familia Orlandi. El tío de Emanuela, portavoz de la familia, escucha una cinta grabada en la que se dice siete veces: “Tendría que hacer el tercer curso de liceo este año”. Mario reconoce la voz de su sobrina. Se añade: “Funcionarios del Vaticano no dejarán de ponerse en contacto con usted”. ¿Qué pasó con esa cinta?
Maniobras romanas. El 2 de septiembre de 1981 el Tribunal de Casación dictó una orden según la cual todas las investigaciones relacionadas directa o indirectamente con la logia P2 eran competencia de la sede romana de la Fiscalía de la República: “El poder político no puede tolerar que algunos magistrados políticamente independientes manejen delicadas investigaciones que implican en cierto modo a los secretarios de los dos más importantes partidos del Gobierno”. De una forma especial se encarga de la maniobra el fiscal Domenico Sica: “Sica desarrolla una gran actividad en Roma: a él se asignan en esa época las investigaciones más delicadas y candentes de los últimos tiempos, desde el asesinato de Aldo Moro al del periodista Mino Pecorelli, pasando por el atentado al papa Wojtyla” (Sisti-Modolo, 214-125).
Por lo que se refiere al atentado papal, la justicia italiana optó desde el principio por ignorar a los cómplices turcos de Agca, todos ellos de extrema derecha. Figuran en un documento que el general Giuseppe Santovito, miembro de la logia P2, envió a Domenico Sica, Sustituto del Procurador de la República (25-5-1981). Obviamente, “un verdadero dossier se habría interesado por estos cómplices” (Roulette, 113-115).
El 13 de noviembre de 1986 el juez instructor Ilario Martella pidió colaboración a las autoridades vaticanas, “mensajes telefónicos o escritos referidos a la desaparición de las dos muchachas” (Emanuela Orlandi y Mirella Gregori). La Secretaría de Estado respondió que “ninguna investigación judicial se había hecho por la Magistratura vaticana, tratándose de hechos sucedidos fuera del territorio del Estado”: “Las noticias referidas al caso, ocasionalmente llegadas a los despachos de la Santa Sede, fueron transmitidas en su momento al fiscal doctor Sica”. Siempre el mismo fiscal. De todo esto no se encontrará ni rastro (Nicotri, 161-162; El día de la cuenta, 112-113, 200, 235 y 255).
Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa vaticana, afirma lo siguiente: “La Santa Sede comparte el deseo de la familia de llegar a la verdad de los hechos y, para ello, espera que se exploren todas las hipótesis de la investigación”. Dice también: “No ha habido violación del secreto sacramental de la confesión” (RD, 12-7-2023).
Conclusión. Por supuesto, hay que investigarlo todo. Sin embargo, estamos ante una pista investigada y desechada en los años 80, que se presenta como novedad. Parece una maniobra de distracción. Las pistas falsas despistan y favorecen determinados intereses. Esperemos que la voluntad del papa Francisco de hacer justicia se lleve a efecto. Está en juego la credibilidad de la Iglesia. El mundo entero contempla el espectáculo vaticano.
Jesús López Sáez